Posicionamiento Institucional del IPS frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Como representantes de los diferentes claustros que integran la comunidad del Instituto Politécnico Superior, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en Octubre de 2025.
Este 2026 nuestra institución celebra 120 años de trayectoria. Es una historia que precede incluso a la creación de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario, centrada en la enseñanza técnica, la excelencia académica y la formación de ciudadanos comprometidos con su tiempo. El prestigio y el sentido de pertenencia de quienes pasaron por nuestras aulas —trabajadores, estudiantes y graduados— son un orgullo para la ciudad y para la educación pública en general. Sin embargo esto no se sostiene solo con voluntad: requiere una inversión estatal acorde a sus necesidades. Hoy la realidad es crítica. Los salarios de docentes y nodocentes se encuentran en mínimos históricos, afectando la dignidad de la tarea educativa y forzando a profesionales calificados a renunciar o pluriemplearse. El recorte en gastos de funcionamiento e infraestructura pone en jaque las actividades esenciales. Aunque el aporte de la Asociación Cooperadora y de graduados es de ayuda, la autogestión no solo no es la vía correcta sino que no es una solución al problema de fondo. La reducción de becas estudiantiles, sumada a la difícil situación económica de las familias, obstruye la igualdad de oportunidades y la movilidad social ascendente a través de la educación.
La Ley de Financiamiento Universitario no es solo una norma técnica. Es una solución legítima conquistada y respaldada por la sociedad argentina toda. Su incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo a más de 150 días de su sanción y con fallos judiciales a favor, representa un grave retroceso para el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.
Si pensamos que la educación es un derecho esencial, los recursos para garantizarla deben serlo también. Un país sin educación pública, gratuita y de calidad es un país que renuncia a su propio desarrollo. Por todo lo expuesto: en defensa de salarios dignos, del presupuesto para funcionar y de la igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes, este órgano de representación exige el inmediato cumplimiento de la ley y convoca a toda la comunidad a expresar unánimemente:
¡SÍ AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO!